Miami, 22 feb (EFE).- Catorce estados de EE.UU. pidieron este martes la "inmediata dimisión" del secretario de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés), Alejandro Mayorkas, ante el "desastre creado en la frontera suroeste", una situación que, según la Fiscalía de Florida, "coloca a la nación al borde de una crisis de seguridad nacional".
En una carta dirigida a Mayorkas, la fiscal general de Florida, Ashley Moody, junto con otros 13 fiscales generales estatales describen "las fallas del liderazgo" de Mayorkas en medio de una "crisis nacional de opiáceos" que aprovechan los "carteles de la droga mexicanos para explotar las políticas de fronteras abiertas".
Mayorkas "no ha cumplido con la función central" de la agencia que dirige: "Proteger a la nación de las muchas amenazas que enfrentamos", señala Moddy en un comunicado.
Acusa la fiscal general de Florida a Mayorkas de "negarse a hacer cumplir las leyes federales", incluida "la deportación de delincuentes y el mantenimiento del orden en la frontera".
La carta de los 14 fiscales generales sostiene que, desde que Mayorkas asumió el cargo hasta diciembre de 2021, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) "incautó suficiente fentanilo (un opioide sintético) como para matar seis veces a cada hombre, mujer y niño en nuestro país", lo que supone un aumento de más del 30 % bajo su ejercicio.
Añade el escrito que cualquier líder competente enfrentado a resultados tan desastrosos "hubiera cambiado rápidamente sus políticas para mitigar el daño", pero Mayorkas "continúa sin inmutarse, ajeno a la destrucción y las muertes que está causando" en el país este problema.
Prosigue el ataque a Mayorkas señalando que, "bajo su supervisión", cantidades de drogas mortales están inundando el país y "miles de inmigrantes ilegales ingresan por la frontera suroeste".
En ese contexto, la carta destaca que el número de "delincuentes sexuales arrestados que ingresó en EE.UU. aumento un 213 % durante el último año fiscal".
Critica también que las deportaciones de inmigrantes ilegales hayan caído un 70 % desde 2020.
Los otros trece estados que se unen a la petición conjunta son: Alabama, Arizona, Arkansas, Georgia, Indiana, Luisiana, Misuri, Montana, Oklahoma, Carolina del Sur, Texas, Utah y Virginia Occidental.
