PITTSBURGH, Pensilvania — El 13 de agosto de 2020, la Coalición por la Inmigración y Ciudadanía de Pensilvania (PICC, por sus siglas en inglés), una organización pro derechos del inmigrante, llevó a cabo un movimiento de activismo muy directo y creativo.
Se trató del “Call-in Day”, un día dedicado para que todos aquellos beneficiarios de DACA y sus aliados, llamaran a los senadores de Pensilvania, demandando acción para detener cualquier intento de la administración federal en revocar o contrarrestar los esfuerzos de la comunidad inmigrante.
La Coalición de Inmigración y Ciudadanía de Pensilvania integra a más de 50 organizaciones miembros alrededor de todo el estado.
Dirige y apoya campañas para promover los derechos de los inmigrantes a nivel local, estatal y federal, además de motivar la participación electoral a través del registro de votantes y la educación.
También apoya a organizaciones comunitarias mediante la formación y el desarrollo de capacidades.
En junio pasado, la Corte Suprema dictaminó que la administración Trump no puede deshacer el programa DACA, que protege a las personas traídas a Estados Unidos cuando eran niños.
Para muchas familias fue devastador que la administración estuviera tan decidida a amenazar a estos jóvenes, que vinieron aquí sin tener la opción y generalmente son estadounidenses en todos los sentidos, excepto en el papel.
Ahora parece que la Casa Blanca simplemente está ignorando el fallo del tribunal superior.
El presidente se opone a la autoridad de la Corte Suprema, algo peligroso en formas que van mucho más allá del tema de la inmigración.
Los republicanos del Congreso deben rechazar esta desafiante postura, o aceptar la responsabilidad de un precedente que podría dañar fundamentalmente la separación de poderes, tan crucial para la democracia estadounidense.
