En las redes sociales, todos hemos visto los videos de Florida con sus sembradíos sin agricultores, construcciones abandonadas sin terminar y grupos de camioneros transportistas protestando ante la nueva ley antiinmigrante firmada por el gobernador republicano Ron DeSantis que, entre otras restricciones, exige a empresas con 25 o más empleados verificar el estado de ciudadanía de sus trabajadores o de lo contrario enfrentarán severas sanciones.
La ley SB 1718 entrará en vigor el 1 de julio y representa la más reciente movida política de DeSantis contra grupos poblacionales históricamente marginados mientras se perfila una agenda para su anticipada campaña presidencial de 2024.
La medida de inmigración estatal es una de las más estrictas en los EE. UU., y parece ser reaccionaria al manejo de la administración del presidente Joe Biden tras la finalización de la controversial regla salubrista Título 42.
Quienes conocen la realidad de la persona inmigrante e indocumentada, comprenden bien que el impacto de esta ley acarrea una represión intrusiva contra comunidades latinas, especialmente en las mexicanas y centroamericanas.
De acuerdo con datos del Migration Policy Institute, se estima que Florida alberga a cerca de 800,000 inmigrantes indocumentados, una abrumadora mayoría de estos trabaja en el tipo de industria que se verá afectada por la nueva ley. Muchos son también miembros de familias de estatus mixto, donde, por ejemplo, alguien podría ser un ciudadano estadounidense mientras que sus padres no lo son.
Pero el alcance negativo de la legislación se extiende más allá del lugar de empleo, tiene implicaciones médicas y castiga a quien transporte a una persona indocumentada “a sabiendas y deliberadamente” en Florida a través de las fronteras estatales.
La medida requiere que los hospitales de Florida, que aceptan Medicaid, verifiquen el estado migratorio de los pacientes e informen al estado el costo de la atención médica para las personas indocumentadas.
Por otro lado, ya no se permitirá que personas indocumentadas utilicen sus licencias de conducir emitidas por otros estados y prohíbe que se les expidan tarjetas de identificación en Florida.
Las empresas que no verifiquen el estatus migratorio de sus empleados utilizando el sistema cibernético E-Verify recibirán una multa de $1,000 por día que la persona haya laborado. El estado tendrá también la potestad de suspender la licencia operacional de un empleador si se les descubre dando trabajo a una persona indocumentada.
Transportar cinco o más indocumentados o un menor sin papeles al estado de Florida será considerado como trata humana o contrabando de personas, y se aumentó las penas por este tipo de delito, convirtiéndolo en un agravante de segundo grado con una multa de $10,000 y hasta 15 años de prisión.
El pasado mes de mayo, después de firmar la SB 1718, DeSantis públicamente calificó el acto como un “honor impulsar este proyecto de ley” y dijo que este debería servir “como modelo para que la nación combata esta crisis creada por nuestro propio presidente”.
Recientemente, DeSantis también había tomado medidas que restringían la enseñanza del racismo sistemático de los currículums escolares del estado, lo que llevó a que bibliotecas del sistema de educación pública censuraran y removieran de sus anaqueles libros biográficos de Roberto Clemente y Celia Cruz.
*El gobernador del estado de la Florida, el republicano Ron DeSantis, estableció la ley SB-1718, una de las medidas intimidatorias más hostiles de toda la nación estadounidense. Aunque al cierre de esta edición no se había anunciado oficialmente, se anticipa que el mandatario sea uno de los candidatos en aspirar para la Casa Blanca en noviembre de 2024. (CC/Gage Skidmore)
