Sucedió lo que muchos temían, el pasado mes de enero, la Corte Suprema de los Estados Unidos permitió que entrara en vigencia la regla que crea más retos y obstáculos para inmigrantes de bajos ingresos, quienes buscan ingresar a los Estados Unidos, lo que representa una gran victoria para el presidente Donald Trump en su evidente esfuerzo por ampliar las restricciones a la inmigración regulada.
La denominada regla de carga pública, publicada en agosto por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y originalmente programada para empezar a regir el 15 de octubre de 2019, establece una prueba para determinar si una persona inmigrante que solicita ingreso, extender su visa, o modificar el status de su visa temporal, termine dependiendo de los beneficios públicos provistos por el gobierno.
Los opositores a la regla habían cuestionado la premisa de que esta ignora la definición limitada de lo que significa ser una “carga pública”, dependiente de los beneficios del gobierno, según la ley federal de inmigración.
En una decisión de 5-4, la mayoría conservadora de la alta corte votó para permitir que se implemente la regla, mientras tanto, los desafíos legales contra la medida continuarán, como los presentados por el estado de Nueva York y los grupos en defensa de los inmigrantes.
Más allá del juez Neil Gorsuch, quien antes de emitir las decisiones finales se burló de los intentos en tribunales menores por bloquear la regla, los jueces no dieron detalles sobre el razonamiento detrás de la decisión.
Los funcionarios de inmigración ahora tendrán un mayor margen para rechazar a quienes “probablemente sean una carga pública”, de acuerdo a una evaluación de 20 factores, que van desde el uso de ciertos programas de beneficios públicos, incluyendo cupones de alimento, asistencia para vivienda por Sección 8 y Medicaid, hasta al dominio del idioma inglés.
No está claro exactamente cuántas personas podrían verse afectadas por la regla.
Según Julia Gelatt, analista del Migration Policy Institute (Instituto de Política de Migración), un grupo de expertos no partidista, el 69 por ciento de los aproximadamente 5.5 millones de personas a las que se les otorgaron tarjetas verdes en los últimos cinco años, todas tenían al menos un factor negativo bajo los estatutos de la regla, lo que funcionarios gubernamentales podrían haber utilizado como justificación para rechazar solicitudes de beneficios de inmigración.
La nueva regla otorga a funcionarios individuales de bajo nivel, mucho más poder de investigación que el que tienen ahora, lo que provoca mucha incertidumbre en el proceso de la tarjeta verde.
La regla podría también afectar significativamente a quién se le permite ingresar y permanecer en los Estados Unidos como residente permanente.
A pesar de haber estado bloqueada por los tribunales hasta ahora, la regla ya ha tenido un efecto escalofriante: los no ciudadanos han estado abandonando innecesariamente sus beneficios públicos en tasas alarmantes, por temor a enfrentar consecuencias de inmigración.
En un foro de teleconferencia para discutir el impacto de la nueva regla en las comunidades inmigrantes, Álvaro Huertas, abogado para el National Immigration Law Center, indicó que la batalla no ha terminado y que los esfuerzos por revertir esta medida –que catalogó como discriminatoria– persistirán en los tribunales.
Además, exhortó a todo inmigrante para que permanezca bien informado y no se alarme con rumores.
Pidió que se comuniquen con su institución de apoyo al inmigrante más cercana, para conocer bien los datos de cómo esta medida puede afectarle desde el 24 de febrero de 2020, cuando empiece a regir.
