La fiscal general de Florida, Ashley Moody, anunció este martes que planteó una demanda ante la justicia federal para detener de inmediato las nuevas políticas de inmigración del gobierno del presidente, Joe Biden, al considerar que ponen en peligro la seguridad de los estadounidenses y de los inmigrantes por igual.
En la demanda asegura que las políticas de la administración del presidente demócrata han creado rápidamente "una pesadilla de seguridad pública", según el comienzo del texto judicial.
Moody, republicana y afín al expresidente Donald Trump (2017-2021), presentó una denuncia y una moción para una orden judicial preliminar contra la administración Biden.
En concreto, por las directivas emitidas para suspender "los arrestos y deportaciones de ciertos criminales que están en el país ilegalmente, muchos de ellos violentos o condenados por cargos de tráfico de drogas", según indicó en un comunicado.
"La política imprudente de la administración Biden de negarse a hacer su trabajo y deportar criminales pone en riesgo todos esos logros (de la Administración Trump) y la seguridad pública de los floridanos", dijo la fiscal general.
Según Moody, Biden ha roto con la política de los presidentes de las últimas dos décadas, tanto republicanos como demócratas, de detener y deportar a los criminales.
"Este es un cambio radical que coloca a los floridanos y a nuestros agentes del orden público en mayor peligro y es por eso que presenté una demanda", agregó.
Biden, que asumió el pasado 20 de enero, ha revocado muchas de las políticas de inmigración de Trump, quien la semana pasada dijo que por su culpa la frontera con México está "fuera de control".
"Como resultado de la revocación de las políticas de inmigración del presidente Donald Trump y el presidente Barack Obama, los delincuentes condenados en el país, incluidos los traficantes de drogas, los delincuentes sexuales y los condenados por violencia doméstica, ya no serán deportados, sino que permanecerán en Florida libres de cometer más delitos", dijo Moody.
Al poco de llegar a la Casa Blanca, Biden ordenó una moratoria de 100 días en ciertas deportaciones, aunque un juez federal bloqueó esta medida tras una demanda de las autoridades de Texas.
Tras el bloqueo judicial, el presidente optó por cambiar las prioridades de detención por parte de ICE para que esta agencia se concentre en detener y deportar a inmigrantes que supongan una amenaza para la seguridad nacional y aquellos que presenten un peligro para la sociedad o que hayan sido condenados por delitos graves o tengan vinculación con pandillas criminales.
Según el comunicado, el Departamento de Prisiones de Florida informó de al menos siete casos en los que ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas) se ha negado a "tomar la custodia de criminales graves".
"Estos condenados, algunos de los cuales ya han sido liberados, se encuentran en el país ilegalmente y cumplieron penas de prisión por robo, tráfico de cocaína, tráfico de heroína y otros delitos", agrega Moody, que aporta como prueba una serie de correos y documentos oficiales sobre esos casos en los que, según la fiscal general, ICE se abstuvo de actuar.
De ellos tres son de hispanos, José Gómez, Alejandro Falcón y Luis Reyes, según dicen los documentos adjuntos a la demanda.
Toda esa documentación fue transferida a Moody por Kimberley L. Thomas, administradora del Servicio Correccional, según consta en una declaración jurada.
Los demandados son Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional; Troy Miller, comisionado en funciones de la agencia de Protección de Frontera y Aduanas (CBP); Tae Johson, director en funciones de ICE, y Tracy Renaud, directora de los Servicios de Ciudadanía (USCIS).
