El pasado mes de junio, impulsado por una coalición bipartidista de cinco senadores estatales, se presentó en Harrisburg el Proyecto de Ley Senatorial 846, que tiene como objetivo legalizar el uso recreacional del cannabis para los residentes de Pensilvania mayores de 21 años.
La propuesta legislativa surgió como una iniciativa del senador demócrata Sharif Street de Filadelfia y el republicano Dan Laughlin, pero que luego recibió el apoyo de sus homólogos Wayne Fontana, John Kane y Timothy Kearney, quienes se unieron en el esfuerzo para llevar la medida a la Asamblea General.
De ser aprobado, el proyecto traería una serie de cambios en las leyes estatales, crearía una Junta Reguladora para el control del Cannabis y despenalizaría la planta, lo que resultará en que la Policía (estatal) y la Oficina Administrativa de los Tribunales de Pensilvania eliminen los delitos no violentos relacionados con la marihuana.
Esto significa que personas quienes hayan sido arrestadas o condenadas por una violación en virtud de la Ley de Sustancias Controladas, Drogas, Dispositivos y Cosméticos de 1972, tal historial podría ser borrado de sus récords.
De acuerdo con declaraciones del senador Sharif Street en una conferencia de prensa, esta será una “oportunidad única para corregir décadas de encarcelamiento masivo, implementación desproporcionada [de la ley] contra comunidades marginadas, la criminalización de decisiones personales y la perpetuación de la violencia”.
Señala además que, si se aprueba, la legislación puede contribuir a financiar la educación y reducir los impuestos a la propiedad.
De hecho, la Oficina del Fiscal Independiente de Pensilvania estima que un mercado legal recreativo de la marihuana tiene el potencial de generar entre $400 millones a mil millones de dólares en nuevos ingresos para el estado.
Según se desprende del proyecto de ley, los consumidores de cannabis pagarían un impuesto de venta de 8%, mientras que los detallistas tendrán uno de 5%.
La Junta de Control Regulador del Cannabis estará a cargo de tramitar los permisos y solicitudes de dispensarios. Entonces, prácticamente toda persona que cumpla con el requisito de edad podrá poseer cannabis sin riesgo de penalización.
Para quienes utilizan o prefieren productos derivados del cannabis, el límite máximo de portación será de 1 gramo (.035 onzas) de THC en comestibles y cinco gramos en infusiones concentradas.
Para la flor de marihuana, el límite es de 30 gramos (1.06 onzas), no obstante, las personas que necesitan cannabis por razones médicas tendrán la libertad de cultivarlo, permitiendo hasta cinco plantas para uso personal.
Sin embargo, a pesar de que la medida abriría un mercado legal, el proyecto de ley es enfático en que los productos de cannabis no pueden comercializarse para menores de edad, y los envases deben advertirlo debidamente.
Bajo las estipulaciones del proyecto, el consumo de marihuana no interferirá en los trámites legales para poseer armas de fuego.
En los casos de custodia de menores, la compra legal de cannabis o su uso no puede ser un factor determinante para estos asuntos. Cuando se trata del bienestar infantil, fumar marihuana no podrá ser base para que el Departamento de Servicios Familiares o el tribunal de menores intervengan con su familia.
Los propietarios de vivienda tampoco pueden negarse a alquilar una casa debido al consumo de cannabis.
Al cierre de esta edición, el proyecto se encontraba en espera de ser evaluado por el Comité de Ley y Justicia del Senado.
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FOTO: (Facebook/Sharif Street)
