A mediados de junio, se llevó a cabo un seminario virtual titulado: “Ohio is a Border State: Immigration Enforcement and Detention”, en el que se discutió a fondo una perspectiva referente a las contrapartes de la inmigración.
Ohio comparte una frontera internacional con Canadá, hecho que acarrea una serie de implicaciones para la comunidad inmigrante, incluyendo la presencia de agentes de la guardia fronteriza (Border Patrol) con alcance de hasta cien millas al sur del estado.
El evento fue organizado por InterReligious Task Force on Central American and Colombia (IRTF), y contó con la participación de Ohio Immigrant Alliance, Miami Valley Immigration Coalition (de Dayton), Northwest Ohio Immigrant Rights Network, y la Ohio Immigrant Visitation, entre otras organizaciones.
El veterano en leyes de inmigración a nivel federal, el abogado Mark Heiler, fue uno de los panelistas invitados, quien advirtió sobre la forma en que se ha reforzado el rol de Ohio como estado fronterizo durante los pasados 13 años.
Helier explicó que la Border Patrol es una subagencia de la oficina de Aduanas y Seguridad Fronteriza (CBP) y su función es la de patrullar puntos de entrada al país para hacer cumplir las leyes migratorias.
Según lo estipula la ley, personas que no tengan la ciudadanía estadounidense deben ser “inspeccionados y admitidos antes de entrar a los EE. UU.”, función que no es realizada por esa agencia, sino que se enfocan en la detención de personas entrando sin pasar por dicho proceso.
También pueden arrestar a quienes –aunque ya fueron inspeccionados y admitidos– se les haya vencido el período de tiempo autorizado para permanecer en el país.
La Border Patrol estableció una estación permanente en Ohio para el año 2009 en el área de Sandusky, pero ahora cuentan con un nuevo complejo multimillonario ubicado en Port Clinton.
La Ley de inmigración y Nacionalidad (Immigration and Nationality Act) provee autoridad para que los agentes de la patrulla fronteriza realicen búsquedas de cateo en automóviles sin la necesidad de una orden judicial, si la persona es intervenida dentro de una distancia razonable desde la frontera.
La Procuraduría General de EE. UU. (US Attorney General) definió “distancia razonable” como 100 millas.
De acuerdo con los datos provistos por el Heiler, dos tercios de la población total de los Estados Unidos, vive dentro de cien millas desde las fronteras.
Añadió que el proceso de remoción es uno de carácter civil, sin embargo, aparenta tratarse como uno criminal ya que la persona queda totalmente desprovista de derechos que le protegen, tal como lo es solicitar una fianza razonable.
“Una abrumadora mayoría de los inmigrantes arrestados en Ohio por la guardia fronteriza desde el 2009 han sido trabajadores de salarios bajos, gente que ahora, después de la pandemia son considerados como trabajadores esenciales. La deportación destruye familias separándolas durante la detención, deportando a la persona que generaba los ingresos familiares y [por ende] causando un profundo daño emocional, especialmente en los niños pequeños”, concluyó Heiler.
La estación de la Border Patrol en Ohio se llama Sandusky Bay Station y cuenta con un total de entre 45 a 50 agentes. Su costo operacional es de aproximadamente $5 millones al año, $12,500 por arresto sin incluir el período de detención y –de acuerdo con datos obtenidos por los organizadores del seminario virtual– nunca se ha tenido que intervenir con una persona tratando de cruzar esta frontera (Ohio/Lake Erie) sin documentos.
Dos de cada tres inmigrantes detenidos por el Border Patrol han resultado de casos referidos por el departamento de la policía estatal a raíz de alguna violación de tránsito.
La policía estatal recibe dinero federal para servir de apoyo a la Border Patrol, por lo que, en ocasiones, en las autopistas puede haber agentes fronterizos en la patrulla de policía estatal.
