FORT MYERS, Florida — Desde el 23 de junio, la Coalición de Trabajadores de Immokalee –a través de las redes sociales– invitaba a la comunidad para armar carteles y escribir consignas, preparándose para una multitudinaria marcha organizada en la ciudad de Fort Myers con la finalidad de protestar contra la implementación de la ley SB1718, impulsada por el gobernador Ron DeSantis y considerada como una de las medidas antiimigrantes más drásticas de los Estados Unidos.
Las organizaciones proderecho de los trabajadores agrícolas –uno de los sectores más afectados con la entrada en vigor de la nueva ley el 1 de julio de 2023– se agruparon para caminar con banderas y pancartas en el centro de la ciudad. Convocaron una serie de acciones que duraron cinco días y fueron respaldadas por miles de participantes.
“Desde el 28 de junio al 5 de julio acompañe a la comunidad inmigrante de Florida en un paro laboral en rechazo a la SB1718, una ley antiinmigrante. Apóyenos demostrando el valor que representamos en la economía y [la razón porque] nuestros trabajos merecen respeto”, se leía en hojas volantes que invitaban a llegar el primer día a Centennial Park (2000 W First St.) para recorrer cuatro millas y culminar en el restaurante El Nuevo Maguey en Palm Beach Blvd.
Los organizadores advirtieron que el objetivo principal de las manifestaciones era “abogar por la derogación de la medida para que el estado de Florida vuelva a ser un lugar seguro y acogedor para todos”.
“Hoy estamos marchando por los derechos de todos los inmigrantes, por los derechos de las familias y por los derechos del estado que sufrirá, [así como] nuestros negocios y la economía debido a esta ley antiinmigración que segregará a nuestra comunidad”, dijo durante la manifestación, Lucas Benítez, miembro de la Coalición de Trabajadores de Immokalee (CIW, por sus siglas en inglés), de acuerdo con una publicación del sindicato Pro Labor Alliance.
Mientras esto ocurre en el sur de la nación, CIW hizo también un llamado el mes pasado a la población de Ohio, especialmente a los residentes de Cincinnati, concientizando con relación a la cadena de supermercados Kroger (con sede en dicha ciudad), y sus prácticas que promueven la labor forzada.
La coalición, por años se ha dedicado a garantizar que los trabajadores agrícolas estén protegidos y sean compensados adecuadamente en una dinámica de mercado sustentable. Para ello se creó el Fair Food Program (Programa de Alimentos Justo o FFP), un mecanismo efectivo que busca poner fin a las violaciones de los derechos humanos en la industria agrícola, y en el que participan empresas como Walmart, Trader Joe’s, Burger King y McDonald’s, entre otros.
Sin embargo, Kroger se niega a integrarse a este. Además señalan que a finales del año pasado, el Departamento de Trabajo de EE. UU. reveló que esta cadena de supermercados compraba y vendía sandías cosechadas por trabajadores que estaban cautivos en una operación de trabajo forzado en el estado de Florida. Según el relato, las víctimas de ese caso se escondieron en el baúl de un auto para escapar de una finca en Pahokee, Florida. Una vez libres, se comunicaron con CIW para pedirles ayuda.
En adición a Kroger, las empresas Publix y la franquicia de restaurantes de comida rápida Wendy’s han rehusado unirse al programa FFP.
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FOTOS: (Facebook/Florida Immigrant Coalition y Coalition of Immokalee Workers)
