La crisis de vivienda es un problema que afecta a familias de recursos económicos desventajados en toda la nación estadounidense. La alta demanda de casas o apartamentos para el alquiler –especialmente aquellas de costo asequible– hace que estos sean cada vez más escasos, y entre menos opciones tengan los inquilinos, menos tendrán que hacer los propietarios para competir por ellos.
En muchas ciudades de los Estados Unidos, las administraciones municipales tienen la potestad de llevar a cabo inspecciones rutinarias de viviendas en el mercado de alquiler buscando garantizar que estas sean seguras. Se imponen órdenes que –de no ser acatadas– conllevan multas, responsabilizando a los propietarios por las condiciones del inmueble y el bienestar del arrendador.
En Pittsburgh, existen casas (y apartamentos) sin ningún tipo de regulación, y por ende sin ofrecer la seguridad que tendrían amparados bajo una reglamentación de ley, lo que permite que propietarios con viviendas de baja calidad continúen operando en este mercado.
En tres ocasiones, el Concejo Municipal ha aprobado proyectos que crean leyes de alquiler más estrictas, pero en todas ellas, ha habido una fuerte oposición por parte de los propietarios quienes acuden a los tribunales para detener reformas que podrían ser fundamentales para el bienestar de residentes en toda la ciudad.
La medida más reciente fue aprobada en noviembre del pasado año, y estaba programada a implementarse el 29 de mayo de 2022. Sin embargo, a mediados de marzo, la Asociación de Apartamentos del Área Metropolitana de Pittsburgh (Apartment Association of Metropolitan Pittsburgh) presentó una demanda contra el programa de la ciudad, por lo que el juez Joseph James paralizó la medida.
Según la pieza legislativa, se implementaría un registro de propietarios y requiere que las unidades de alquiler sean inspeccionadas al menos cada cinco años. Si las casas y los apartamentos no aprueban esta, las autoridades municipales pertinentes les volverían a inspeccionar cuantas veces fuera necesario hasta que se rectifiquen las deficiencias.
Sin esta legislación, en un número indeterminado de viviendas –especialmente en vecindarios vulnerables y los más antiguos de la ciudad– las familias continuarán viviendo en estructuras deterioradas e inseguras.
En la ciudad de Allentown, por ejemplo, se inspeccionan propiedades de alquiler cada cinco años desde 2000. Al norte, en Erie se impone un ciclo de dos años, lo que es aún más estricto. Filadelfia por su parte creó un registro de alquileres en 2015, permitiendo a la ciudad realizar un seguimiento al cumplimiento de los códigos de construcción por parte de los propietarios.
En Pittsburgh la demanda alega que el “propósito expreso” del programa de registro de alquileres es “obtener ingresos fiscales para la ciudad”. La demanda también sostiene que la ordenanza municipal es “inconstitucional”.
Tras la paralización de la medida, el alcalde Ed Gainey, a través de un comunicado de prensa calificó como una “vergüenza” que “una vez más el trabajo para proteger a inquilinos se está retrasando”.
Como parte de la medida legislativa, el registro de alquiler también incluye una nueva ordenanza de seguridad con relación al plomo, requiriendo que todas las propiedades de alquiler construidas antes de 1978 se sometan a pruebas de detección de este contaminante.
La demanda también desafía esta medida, alegando que la legislación “no da base para excluir” otros inmuebles como viviendas públicas, alquileres ocupados por sus dueños o propiedad de instituciones educativas.
Se espera que el juez James celebre una audiencia a finales del verano para decidir si emite una orden judicial preliminar, según lo solicitado por los demandantes.
